La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación destinó más de 25,5 millones de euros para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en la provincia de Huelva durante el año 2020, lo que permitió la realización de 181.442 horas de atención a 4.827 personas. Esta apuesta por los servicios de proximidad, que han ayudado a situar a Andalucía como la segunda comunidad mejor valorada por su gestión y atención a la dependencia, tendrá su continuidad con la nueva orden que regulará las condiciones de las trabajadoras del sector, que estará lista este mes de abril.
La consejera Rocío Ruiz, ha trasladado estos datos durante una visita a la Diputación de Huelva, donde ha mantenido el primer encuentro con la presidenta de la Diputación de Huelva, Eugenia Limón, desde su nombramiento. En la reunión, Ruiz ha avanzado los detalles de esa nueva orden reguladora, que se suma al incremento del 12% en el coste del precio/hora del servicio tras más de una década congelado, y le ha trasladado a la representante supramunicipal la necesidad de que esa subida se traslade al colectivo de 3.000 trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Huelva para mejorar y dignificar sus condiciones laborales y económicas.
“El cambio que supuso este gobierno hace dos años se ha notado en el giro dado a las políticas sociales”, ha subrayado Ruiz, tras recordar la dotación histórica de 1.639 millones para el sistema andaluz de dependencia recogida en los Presupuestos autonómicos para 2021. Así, la consejera ha recordado que en Huelva, y a pesar de la pandemia, se ha incrementando en un 4% el número de personas atendidas en situación de dependencia, y que la Diputación atiende en estos momentos a cerca de 8.900 personas, que se benefician de 12.300 prestaciones. En datos generales, Andalucía representa el 20,33% del total de personas beneficiarias a nivel nacional, lo que significa que una de cada cinco personas en España es atendida en esta Comunidad Autónoma.
La nueva Orden que regulará el servicio de Ayuda a Domicilio, que ha sido presentada ya a diversas instituciones, colectivos sociales y sindicatos, persigue establecer un régimen jurídico común de este servicio, unificando sus condiciones, tanto como prestación del Servicio Público de Servicios Sociales como de prestación derivada de la Ley de Dependencia de 2006.
Así, contempla un modelo de intervención de atención centrada en la persona, establece el proyecto de intervención social como procedimiento para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad y elimina la valoración de la situación económica en el baremo para el acceso de este servicio no vinculado a la Ley de Dependencia, que será tenido en cuenta solo para fijar la aportación al coste del servicio.
Ruiz ha enfatizado además el interés de la Consejería por garantizar los derechos y deberes de los y las profesionales de la ayuda a domicilio, de ahí la inclusión de cláusulas sociales en la contratación. “Con la ayuda de este marco legal, la organización de este servicio puede mantener unas jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo, ya que por ejemplo, prohíbe la realización de servicios de menos de una hora”, ha señalado.
Colaboración y lealtad institucional
La consejera ha resaltado “las importantes funciones que las entidades locales y supramunicipales desarrollan en el acceso a prestaciones sociales”, y tras agradecer “la buena disposición” de la Diputación” de Huelva, ha puesto el acento en “la colaboración y la lealtad que debe haber entre administraciones y que es, en estos momentos, más necesaria que nunca”.
Entre otros servicios, la Diputación ha sido colaborador en el programa de la Tarjeta Monedero, y que ha supuesto un total de 3.217 entregas que han beneficiado a 837 familias. Asimismo, ha gestionado 7.583 expedientes concedidos de renta mínima de inserción social, y colabora en el marco de la Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS), para el que la Consejería cuenta con una inversión de 1,6 millones más subvenciones a entidades privadas que trabajan en barrios como Eritas (Cortegana), El Alto de la Mesa (Minas de Riotinto) o La Garza, San Antonio, Pozo Bebé y Cementerio Viejo (Nerva).
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