La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en el Pleno del Parlamento sobre la actividad realizada por su departamento durante los dos últimos años en materia de cohesión social. Así, se ha referido al “intenso y coordinado trabajo desarrollado respecto a la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, en cumplimiento de lo mandatado por nuestro Estatuto de Autonomía”.
Entre otras cuestiones, Ruiz ha destacado la labor llevada a cabo con el objetivo de hacer la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía más accesible, amplia en cobertura e intensidad, así como optimizar su gestión: “Ante la situación de emergencia social provocada por la pandemia de Covid-19, la Consejería de Igualdad reguló una modalidad para familias con menores a cargo, así como la resolución provisional de todas las solicitudes de urgencia social y las ampliaciones pendientes”.
Estas modificaciones han hecho posible que la Renta Mínima haya alcanzado en 2020 su nivel máximo de ejecución presupuestaria, al llegar a los 135,7 millones de euros y beneficiar a más de 79.000 personas, lo que supone un incremento del 26% del gasto respecto a los 107,6 millones ejecutados en 2019.
A ello se sumará este ejercicio una nueva prestación extraordinaria dotada con 30 millones de euros para dar cobertura a familias unipersonales o con menores a cargo en riesgo de exclusión social en el marco del Acuerdo andaluz de medidas extraordinarias para la reactivación económica y social. Además de un plan de choque para la agilización de la Renta Mínima mediante el que se abordarán 80 contrataciones para la gestión de expedientes de prestaciones extraordinarias con una dotación presupuestaria de 1,9 millones de euros.
Asimismo, Rocío Ruiz ha informado sobre el periodo transitorio que culminará con la aprobación de una nueva prestación autonómica, el Ingreso Por la Infancia y la Inclusión, tras la publicación del Real Decreto-Ley por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno central.
Por otra parte, se ha referido a la elaboración del Catálogo de Prestaciones, cuya aprobación y publicación se realizará antes de que finalice el primer semestre del año, y el Plan Estratégico de Servicios Sociales, del que ya se ha redactado el diagnóstico de situación y un texto preliminar que contempla 25 objetivos estratégicos conforme a las necesidades y retos detectados.
Documentos que se unirán a la I Estrategia de Ética de los Servicios Sociales, ya aprobada en nuestra Comunidad Autónoma. “Una potente herramienta que articula medidas para impulsar una cultura de la ética basada en valores y ofrecer unos servicios transparentes, comprometidos y éticamente responsables”, ha subrayado.
Respecto a la formación, Rocío Ruiz ha informado sobre el Plan de Formación Corporativa para 2021 aprobado por el Instituto Andaluz de Administración Pública y que incluye el Plan de formación interadministrativa para los Servicios Sociales Comunitarios.
Aplicación de nuevas tecnologías
Con el objetivo de agilizar los procedimientos y mejorar la coordinación, Ruiz ha señalado que la Consejería de Igualdad está fomentando la aplicación de nuevas tecnologías. Así, se está desarrollando el sistema CoheSSiona para implementar la Historia Social Única electrónica de Andalucía, cuya primera versión del visor profesional estará disponible antes de que finalice el verano y se irá implantando progresivamente en el conjunto de la red de servicios sociales comunitarios.
Asimismo, ha destacado el sistema ProgreSSA, en el que se está trabajando para la gestión de los servicios sociales comunitarios y que contará con un módulo de itinerarios profesionales de personas vulnerables en zonas desfavorecidas vinculado a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS). De ella, la consejera ha informado de la ejecución de la primera convocatoria de subvenciones 2019-2020 que, “a pesar de las solicitudes de ampliaciones de plazo, ha beneficiado ya a 74 entidades con 155 proyectos, que han generado 659 puestos de trabajo directos por un importe de 16,2 millones de euros”.
Durante esta legislatura, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en colaboración con la Red Andaluz de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), ha puesto en marcha un programa extraordinario de alojamiento e inserción social para personas sin hogar, dotado con 298 plazas. Asimismo, con la finalidad de reducir el fenómeno del sinhogarismo, se está elaborando la I Estrategia de Atención a las Personas sin Hogar en Andalucía.
Respecto a la atención a los menores extranjeros no acompañados, la consejera ha valorado la puesta en marcha de un nuevo modelo que “ha terminado con la provisionalidad de los recursos de emergencia de 2018 y el hacinamiento de estos menores en albergues”. Este sistema define un itinerario para atender las necesidades emocionales, educativas y de preparación para la vida independiente que ha tenido como consecuencia la reducción de los abandonos voluntarios, al pasar la tasa del 55,4% de 2018 al 18,8% de 2020 en toda Andalucía.
Finalmente, en materia de dependencia y respecto a las medidas administrativas y económicas de carácter extraordinario puestas en marcha ante la irrupción de la pandemia, ha destacado que “en Andalucía el número de personas beneficiarias ha alcanzado un techo histórico en el pasado mes de marzo con 230.497”. Y una gestión que, como ha señalado Rocío Ruiz, “ha sido calificada de eficaz y ha alcanzado una puntuación de 7,1 en la implantación y desarrollo del Sistema de la Dependencia del XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 4,64 puntos y solo superada por la Comunidad de Castilla y León”.
La ampliación de 300 nuevas plazas en atención residencial que se suman a las 465 que se realizó en 2019, la reposición de las bajas de personal de los servicios de valoración y el trabajo coordinado con las Consejerías de Salud y Familias -para la Estrategia de Andalucía de Atención Sociosanitaria -, con la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio – para un Protocolo de Colaboración en materia de gestión y difusión de las ayudas a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio y sin hogar – y con la Consejería de Educación y Deporte – con los programas para abordar el absentismo y el fracaso escolar – han sido otras de las medidas referidas por la consejera.
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