La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha considerado que la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, en vigor desde el pasado mes de septiembre, sitúa a Andalucía como un referente para la prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales. Y ha defendido la buena salud del programa andaluz de evaluación, diagnóstico y tratamiento de violencia sexual a la infancia, que su departamento ha reforzado y consolidado. “Los abusos sexuales a menores ya no se ocultan, sino que se denuncian, lo que demuestra el interés por proteger a niños, niñas y adolescentes”, ha resaltado, tras poner en valor que hasta septiembre de 2021 el programa ha recibido 981 nuevos casos de niños y niñas, por lo que ya son 1.156 las víctimas que están siendo atendidas en este momento en la comunidad. En Córdoba, son 101 menores y adolescentes atendidos, de los que 81 casos se han recibido este año.
Durante la inauguración de las Jornadas ‘Protección Integral a la Infancia Víctima de Violencia Sexual’ organizada por la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y la entidad Save the Children, la responsable andaluza de políticas sociales ha recordado que la violencia sexual constituye uno de los problemas sociales más graves a nivel mundial. Según los datos del Consejo de Europa, uno de cada cinco menores en Europa es o será víctima de alguna forma de violencia sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Entre el 70% y el 85% de los casos la víctima conoce al autor de los actos.
Ruiz ha incidido en la complejidad de detectar estos casos de violencia “debido al habitual secretismo que la acompaña, al cometerse la mayoría de los casos dentro del entorno familiar o cercano”. En el caso de Andalucía, la mitad de los casos atendidos en el Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento se producen en el entorno familiar. Y más del 77% de las víctimas son niñas.
La consejera ha insistido en que “la clave de la actuación de las administraciones públicas a la hora de enfocar la violencia sexual en la infancia pasa por prevenir y detectar estos y cualquier otro caso de dificultad, conflicto o riesgo social, además de sensibilizar a la sociedad y concienciar de la necesidad de respetar los derechos de la infancia, la transmisión de valores positivos, la formación de los y las profesionales del sistema que les atienden”.
En este sentido, ha apuntado las características del programa andaluz, compuesto por un equipo profesional multidisciplinar con expertos en Psicología, Trabajo Social y Derecho, altamente cualificados. Se trata de un recurso pionero a nivel nacional y muy especializado que se desarrolla en todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma, en coordinación con las Entidades Locales, y que en sus 20 años de vida ha atendido a más de 16.000 niños, niñas y adolescentes.
Interés superior del menor
El programa, “que hemos puesto en continua revisión y evaluación para mejorar técnicas y procedimientos a fin de adaptarse a las necesidades de quienes de verdad lo necesitan, las víctimas y sus familias”, según ha destacado, cuenta con el aval del Observatorio de la Infancia del Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030, y de Save de Children. Y ha sido analizado dentro del informe sobre experiencias nacionales y su comparativa con el modelo de la Casa de los Niños o “Barnahaus”, que ha validado científicamente la metodología de intervención andaluza con una calificación de “excelente”.
La consejera de Igualdad ha puesto el acento en que los principios vertebradores de la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas son los mismos que impregnan la reciente Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada en la comunidad con el consenso de la mayoria de las fuerzas parlamentarias y la participación de las entidades y asociaciones que trabajan por la infancia. “El interés superior del menor debe quedar grabado a fuego en cada uno de nosotros y nosotras, no podemos perder nunca de vista su significado”, ha insistido, recordando que la nueva norma andaluza “establece el compromiso de las administraciones públicas de promover entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes, y protegerlos contra cualquier forma de violencia”.
Como ha recordado la consejera, Andalucía ha sido la primera región en adaptar su legislación a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y es también la primera norma que recoge el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en familia. Ruiz ha resaltado que “es una norma adaptada al siglo XXI, que recoge la protección de los niños frente a las adicciones y a los peligros en internet, donde hoy en día es el soporte perfecto para iniciar situaciones de violencia y violencia sexual”.
En este sentido, se ha referido también al bullying, los comportamientos violentos, o el consumo de pornografía, “que tienen unos gravísimos riesgos para nuestra sociedad y para nuestra infancia y adolescencia, así como la equivocada relación que se ha establecido entre las personas menores y los videojuegos, o la errónea cultura de la imagen por las excesivas capturas de fotografías que se hacen a las personas menores”.
Apuesta por la atención especializada
La ley andaluza fomenta además que la educación se extienda a las familias y a toda la sociedad y que se trabaje en la prevención. Y recoge expresamente el impulso a la formación especializada a personas profesionales del ámbito sanitario, educativo, judicial, de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al tiempo que fomenta el intercambio de buenas prácticas en la prevención y tratamiento de las víctimas menores de edad.
“Se trata de una norma con prioridad presupuestaria y carácter transversal, porque tiene que quedar claro el compromiso de esta Consejería y de este Ejecutivo con la protección a los más vulnerables”, ha enfatizado durante su intervención, “de tal manera que las actuaciones en materia de promoción, prevención, protección, formación, ocio e integración de la infancia y adolescencia tendrán carácter preeminente, con especial atención a la erradicación de la violencia y la lucha contra la pobreza en la infancia”.
En este sentido, ha expresado su compromiso para seguir profundizando en la protección de la infancia y la adolescencia, con retos como “mejorar la coordinación interinstitucional a fin de evitar la revictimización y regular jurídicamente la atención especializada, global e integral en la atención a los niños y niñas víctimas con el desarrollo reglamentario de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía”.
Asimismo, ha defendido la necesidad de que administraciones y profesionales aúnen esfuerzos desde la corresponsabilidad para dar una atención global y más ágil a la infancia y la adolescencia víctima de abusos sexuales.
“Jornadas como ésta son una oportunidad para el análisis, la reflexión y tener un espacio de conocimiento compartido que nos permita avanzar de manera conjunta en ese proceso de innovación y cambio que se nos exige, de acuerdo a las necesidades y contando con los niños, niñas y adolescentes", ha señalado Ruiz, "porque nuestra infancia es el presente, el futuro y la esperanza, es el objetivo por el que debemos trabajar cada día y procurarles un mundo mejor".
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