La persona empleada pública que se encuentre afectada por una posible situación de acoso, exclusivamente por medios electrónicos, tiene la posibilidad de presentar una solicitud de intervención, para que se analicen los hechos por el Comité de Acoso que corresponda.
Si procede se tomarán medidas provisionales, se escuchará a todas las personas implicadas y se emitirá un informe de conclusiones dirigido al órgano responsable de personal, para que adopte las medidas preventivas o correctivas que correspondan.
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