El servicio de orientación jurídica a la población reclusa de Andalucía que financia la Consejería de Justicia e Interior ha realizado cerca de 500 intervenciones desde que se reanudó esta prestación el pasado mes de marzo, tras la firma del convenio de colaboración con el Ministerio del Interior, como responsable de las instituciones penitenciarias, y los órganos colegiados de letrados.
La Consejería de Justicia e Interior ha destinado desde marzo un total de 48.438 euros a financiar este servicio de orientación jurídica que prestan los colegios de abogados a la población reclusa en los centros penitenciarios de la comunidad andaluza.
Gracias a esta financiación de la Junta, la población reclusa de las 13 cárceles andaluzas dispone de un servicio gratuito con el que se les facilita asistencia sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita.
Durante el primer semestre de este año, los colegios de abogados han llevado a cabo un total de 493 actuaciones de orientación orientación jurídica penitenciaria con la población reclusa, 54 en la provincia de Almería, 87 en la de Cádiz, 54 en Córdoba, 25 en Almería, 51 en Huelva, 54 en Jaén, 52 en Málaga y 116 en Sevilla.
La orientación jurídica la llevan a cabo abogados especialistas en materia penitenciaria y en dependencias de las prisiones en horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces.
El convenio por el que se rige esta prestación gratuita tiene una vigencia de tres años prorrogables y está financiado al completo por la Junta con una dotación inicial de 140.000 euros anuales. Esta cantidad se abona en periodos trimestrales al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, previa justificación de los servicios efectuados.
En el convenio no se consideran las asistencias de este servicio como guardias, ya que éstas forman parte de la prestación de asistencia jurídica gratuita que ya se encuentra garantizada por la Junta a la ciudadanía que cumpla los requisitos necesarios para ser beneficiaria.
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