La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública está cumpliendo con los estrictos plazos de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha supuesto la implantación completa del nuevo modelo de tribunal de instancia en 70 de los 85 partidos judiciales andaluces a fecha 1 de julio. Un reto alcanzado “gracias al trabajo ejemplar y positivo, no solo de la Consejería, sino de todos los operadores jurídicos”, ha asegurado hoy el consejero José Antonio Nieto, tras reunirse en Jaén tras reunirse con estos para evaluar los resultados. En esta provincia, esta primera fase ha supuesto transformar “nueve de sus 10 partidos judiciales en tribunales de instancia, siendo la provincia que, junto con Córdoba, mayor esfuerzo ha tenido que realizar”. La capital mantendrá su estructura actual hasta el 31 de diciembre, fecha en la que debe estar culminada la reforma.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha explicado que la nueva organización implica el paso de juzgados unipersonales a órganos colegiados, con redistribución de los funcionarios en Unidades Procesales de Tramitación (UPT) y Servicios Comunes Procesales, además de la conversión de los Juzgados de Paz en Oficinas Municipales de Justicia, con mayores competencias.
Previamente, en una reunión mantenida con operadores jurídicos, profesionales de la Justicia y representantes de la Junta de Personal en Jaén, Nieto ha agradecido el esfuerzo y la implicación de los profesionales judiciales en este proceso. “La provincia de Jaén ha aprobado con nota esta transformación. Los nueve partidos judiciales han hecho una transición ejemplar, con resultados de mucha calidad y homogéneos en todo el territorio, desde Baeza hasta Linares. Todo ello, gracias a la implicación de los operadores jurídicos”.
En Jaén, la Consejería ha reforzado el personal judicial con 7 funcionarios más, alcanzando un total de 185 efectivos entre tribunales de instancia y Oficinas de Justicia Municipales. El consejero ha subrayado que esta inversión, junto a las que se han realizado en infraestructuras y sistema informáticos, la asume en solitario la Junta de Andalucía, ya que el Ministerio de Justicia no ha aportado fondos a las comunidades para su implantación. “A Andalucía le va a suponer un total de 57 millones de euros poner en marcha la ley, financiados íntegramente con recursos propios”.
En este sentido, también ha lamentado la falta de “consenso con las comunidades autónomas”. “Estamos cumpliendo una Ley que aprobó el Ministerio en el Congreso, sin diálogo ni consenso con las comunidades autónomas que somos las que tenemos que hacer la inversión. Fue un pacto con los socios de Gobierno. Andalucía está cumpliendo, pero nos preocupan algunos aspectos como, por ejemplo, la obligación de la mediación civil y mercantil. El Gobierno la impone sin haber definido ni herramientas ni instituciones para aplicarla, y eso genera incertidumbre”.
“No soy yo ni es la Junta quien ha aprobado la Ley; somos quienes tenemos que aplicarla. Y vamos a hacerlo con responsabilidad, pero vamos a intentar que lo negativo de esta Ley penalice a Andalucía. Hemos sido de las primeras comunidades en garantizar su cumplimiento íntegro: los 70 partidos judiciales andaluces ya han hecho su transición, con un nivel muy positivo”, ha concluido.
Ciudad de la Justicia y Villacarrillo
Nieto ha hecho también alusión a algunas de algunas de las actuaciones que en materia de infraestructuras va a realizar la Consejería en la provincia, al margen de las adaptaciones que se están realizando de los espacios actuales en todas las sedes judiciales para adaptarlas a los tribunales de instancia.
“Se han llevado a cabo actuaciones en prácticamente todos los edificios judiciales de la provincia. Las más potentes serán las de Villacarrillo, donde licitaremos antes de fin de año la nueva sede judicial, y la Ciudad de la Justicia de Jaén, pendiente del informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales, que depende del Ministerio de Hacienda”, ha detallado. “Confío en que esos trámites se resuelvan pronto y podamos licitar”, un proyecto que supone construir un edificio de más de 35.000 m2 que “resolverá definitivamente los problemas de la Justicia en Jaén”.
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