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Reportaje

Una radiografía de la vivienda protegida

La Junta ofrece apoyo económico y técnico a los registros municipales de solicitantes de VPO, que permitirán ajustar de forma precisa la oferta y la demanda

17/09/2010
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Bloque de viviendas en una población andaluza.

Bloque de viviendas en una población andaluza.

Familias jóvenes, con niveles de ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales y con claras preferencias por las viviendas en alquiler con opción a compra. Ése es, a grandes rasgos, el primer perfil de los demandantes de VPO en Andalucía, que se ha modelado a partir de los datos extraídos de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida. Este nuevo sistema de gestión de la demanda, clave para hacer cumplir la Ley del Derecho a la Vivienda, comienza a aportar una información muy valiosa para ajustar, de forma certera y precisa, la oferta a la demanda de VPO. Las administraciones son las responsables de que esa adecuación sea efectiva, con una mejor planificación de su política de vivienda.

Tanto la Junta de Andalucía como los ayuntamientos sabrán cuál es la demanda de VPO y su tipología en cada ámbito territorial y, en función de ella, deberán elaborar los planes de vivienda destinados a cubrir las necesidades existentes.

Los registros constituyen el primer método del que dispone la comunidad para realizar una cuantificación real de la demanda de VPO, ya que hasta ahora la Consejería de Obras Públicas contaba con estudios y estimaciones que han posibilitado componer una idea aproximada. Además, este sistema permite acabar con los sorteos indiscriminados.

Los ciudadanos inscritos en estas bases de datos quedan acreditados como personas con derecho a una VPO y pueden optar a las diferentes promociones en función de los criterios establecidos por cada uno de los ayuntamientos, que son los encargados de poner en funcionamiento y mantener este sistema de forma permanente.

Con los sorteos, en cambio, era necesario en cada promoción realizar una recopilación de solicitudes de interesados, que no siempre cumplían con las exigencias y por tanto debían renunciar al inmueble en el caso de que fueran adjudicatarios.

En estas bases de datos pueden inscribirse todas las personas que demanden una VPO o un alojamiento protegido y que cumplan los requisitos legales para acceder a uno. Así, es necesario aportar una serie de información relacionada con los ingresos económicos y las propias necesidades de vivienda, como el régimen de acceso al que opta, número de dormitorios de la casa en relación con su composición familiar o la necesidad de una vivienda adaptada.

Se trata de un primer trámite que no tendrá que volver a realizar (aunque sí tendrán que actualizar los datos periódicamente), puesto que esos datos quedarán ya recogidos para las diferentes adjudicaciones.

Esa información aportada, junto con los criterios de clasificación de los solicitantes establecidos por cada ayuntamiento (antigüedad en el padrón, vinculación laboral o antigüedad en el registro, etc.) servirá para ordenar en función de sus necesidades a los solicitantes, que pueden saber en todo momento su situación en el registro. El sistema permite que los ciudadanos soliciten una VPO hasta en tres municipios distintos, consignando cuál es su localidad de preferencia.

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