La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación pondrá en marcha un pionero modelo predictivo para definir con antelación el tipo y la ubicación de recursos para ofrecer un mejor servicio a las personas usuarias del sistema de atención a la dependencia en Andalucía. La consejera Rocío Ruiz ha destacado el enorme potencial que aporta la tecnología como herramienta facilitadora de la intervención social, "poniendo la investigación y la innovación al servicio de las personas", y ha detallado que este nuevo modelo permitirá evaluar la evolución del envejecimiento de la población y el esperable incremento de los y las andaluzas en situación de dependencia.

Ruiz ha participado en un foro organizado por el Diario Córdoba en el que, bajo la denominación 'La transformación de las políticas sociales en Andalucía', ha analizado el cambio de paradigma de las políticas sociales impulsado en esta legislatura "para pasar de un modelo tradicional asistencialista a un nuevo enfoque basado en la inclusión y las necesidades de cada persona". "La pandemia y la anterior crisis económica han dado a las políticas sociales la relevancia que se merecen por su crucial aportación para afrontar cambios sociales y su potencial como motor económico y de creación de empleo", ha reflexionado.

Durante su intervención, la responsable de políticas sociales ha hecho balance de la gestión en su departamento, que ha blindado y reforzado las políticas de igualdad y contra la violencia machista con más recursos humanos y económicos; aprobado una nueva Ley de Infancia que se sitúa como referente en la protección de los y las menores y adolescentes, y que incluye retos contemporáneos como la competencia digital o los riesgos derivados de las redes sociales, e impulsado un nuevo modelo de cuidados que ha situado a Andalucía a la cabeza del país en gestión de la dependencia y la atención a personas mayores y con discapacidad.

Así, se ha reducido la lista de espera de atención a la dependencia en un 49%, pasando de las 75.097 personas con derecho reconocido pendientes de recibir un recurso contabilizadas en 2018 a 38.325 registradas a finales de 2021. "Y hemos alcanzado el máximo histórico de 257.227 personas atendidas en Andalucía, con más de 360.000 prestaciones", ha señalado Ruiz, al duplicar los objetivos marcados por el Ministerio de Derechos Sociales y convertirse en la comunidad que incorporó a mayor número de personas beneficiarias durante el último año.

"Estos datos han sido posibles con voluntad, decisión y una inversión histórica en políticas sociales hasta superar los 2.500 millones de euros en 2021, de los que 1.741 corresponden a atención a la dependencia", ha dicho, "que han permitido crear por ejemplo más de 2.100 plazas para personas mayores y con discapacidad, frente a las 283 creadas en toda la anterior legislatura". Para Ruiz, la dotación económica ha sido clave para impulsar el nuevo modelo de cuidados, basado en la desinstitucionalización, "para que los y las andaluzas puedan decidir dónde y como quieren ser atendidas, y sobre todo, que tengan opciones para ello".

Administración más eficiente

La consejera de Igualdad ha hecho alusión además al giro dado en la gestión con la digitalización de los servicios sociales a todos los niveles para ofrecer una respuesta ágil, eficiente y rápida a personas que "no pueden ni tiene por qué esperar", con herramientas como la ventanilla electrónica, la simplificación de procedimientos o el proyecto de listas cero. Este proyecto, desarrollado en Montilla y Lucena, unifica en una única cita el trámite de reconocimiento de la dependencia y la asignación de un recurso apropiado.

"La tecnología aplicada a los servicios sociales nos permite además mejorar la distribución de los recursos y hacerlo con criterios objetivos y el máximo rigor, y ofrecer además la mejor atención a las personas dependientes y sus familias", ha señalado.

La colaboración y el diálogo con todos los actores implicados, desde entidades locales, a asociaciones y empresas, ha sido fundamental en este nuevo camino emprendido por el Gobierno andaluz, que ha apostado por la sostenibilidad del sector como prioridad. Así, se han concedido ayudas extraordinarias para afrontar los gastos derivados del Covid, y se ha acordado una subida del 9,25% del precio plaza para las entidades que trabajan con personas con discapacidad (más un 6% adicional para este año 2022) y del 5,39% de aquellas que lo hacen con personas mayores. Asimismo, se ha incrementado un 12,3% el precio hora del servicio de la ayuda a domicilio tras diez años congelado, una medida que ya se aplica en 505 municipios andaluces y dignifica las condiciones laborales de 35.000 personas empleadas en el sector de la dependencia.

Lucha contra la pobreza

"Las recetas que se aplicaban no estaban funcionando, eran insuficientes o no llegaban a quien tenía que llegar", ha resumido, para poner el énfasis en la necesidad de fortalecer los servicios sociales comunitarios, tras recordar que es la Junta quien aporta el 70% de la financiación de estos servicios, frente al 2% del Gobierno central. "Son la primera red de protección que tienen las familias andaluzas más vulnerables, y es fundamental mejorar su financiación para combatir la pobreza estructural y dar respuesta además a los nuevos perfiles de vulnerabilidad y exclusión que ha dejado la crisis sanitaria y económica", ha señalado la consejera, "porque aunque las previsiones apuntaban a la recuperación económica, la situación en Ucrania va a marcar los escenarios y ya estamos notando un empobrecimiento de las familias".

Rocío Ruiz ha recordado que, junto a medidas extraordinarias para garantía alimentaria y necesidades básicas como las Tarjetas Monedero desarrolladas junto a Cruz Roja, Cáritas, EAPN o los Bancos de Alimentos, la Consejería de Igualdad trabaja ya en el nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII), "una iniciativa compatible con el empleo y enfocada en combatir la pobreza estructural que padece Andalucía". Según ha explicado, el IPII conlleva itinerarios de inserción socio educativos y medidas transversales "que favorecen la incorporación en el mercado laboral y ofrece a las personas un proyecto de vida". Se tramitará como proyecto de ley y "queremos que esté aprobado este mismo verano".

La puesta en marcha de este ingreso, que se tramitará de manera telemática al 95%, se complementará con la modernización de los servicios sociales y la puesta en marcha de la Historia Social Única, una herramienta pionera que permitirá unificar toda la información relativa a medidas de protección social que recibe cada persona usuaria y tenerlo todo en un click, al estilo del historial médico. "Se trata de una revolución similar a la que supuso en su momento el sistema Diraya en Salud que esperamos que en los próximos meses sea ya una realidad", ha adelantado.

Motor económico

Para Ruiz, en la actualidad, las políticas sociales han ampliado su rasgo de acción y actuación "para dejar de ser esa hermana pequeña de la gestión" y convertirse en un potente motor económico de Andalucía y una actividad creadora de empleo y riqueza. "Representan el 2,5% del PIB andaluz, con un valor de 3.905 millones de euros; movilizan 105.295 puestos de trabajo, el 3,6% de la masa laboral de la comunidad, y además incentivan la inversión privada, porque por cada cien euros que se invierten en políticas sociales se generan 127 euros de actividad económica", ha dicho.

"La importancia de las políticas sociales va más allá de nosotros mismos, de la coyuntura política o de cuestiones programáticas, porque en el fondo es hablar de derechos básicos, inalienables e irrenunciables", ha reflexionado la responsable de Igualdad. "Y en ese camino está comprometida esta consejería y esta consejera, que seguirá batallando para lograr el mayor número de recursos posibles, porque una sociedad que pone las políticas sociales en el centro de su actuación y les otorga el lugar que merecen es una sociedad más justa y más solidaria", ha apuntado.