La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha defendido hoy que la apuesta por un nuevo modelo de atención a la dependencia para solventar las carencias detectadas ha permitido alcanzar una cifra histórica de beneficiarios, con más de 230.000 andaluces y andaluzas atendidos. Un modelo de gestión de proximidad, centrado en la persona y con más recursos, ha explicado, como la creación de 1.565 plazas residenciales en centros de día y terapia ocupacional y una nueva red de centros de cuidados intermedios, que permitirá atender a personas mayores o con discapacidad cuyas patologías corren riesgo cierto de convertirse en cronificables y acrecentar su dependencia.

Ruiz ha participado en los Encuentros de la Cadena Ser “Andalucía tras el estado de alarma, transición hacia la normalidad” con una intervención sobre “La protección social y los servicios sociales tras el estado de alarma”. La consejera ha subrayado el blindaje de las políticas sociales en la comunidad con la mayor dotación presupuestaria en los últimos 20 años, más de 2.500 millones de euros de los que 1.741 millones corresponden a atención a la dependencia. Y que “apuesta por las nuevas tecnologías y el big data, que contribuyen a una redistribución más equilibrada y equitativa de los recursos sociales”.

“Hay que garantizar servicios públicos y aumentar plazas, con una buena gestión administrativa de la mano de la digitalización para agilizar listas de espera y solicitudes”, ha resaltado Ruiz, para quien “es el momento de apostar por las políticas sociales si queremos que Andalucía sea de verdad una comunidad fuerte, que genere empleo y riqueza aspire al lugar que merece”.

Durante su intervención, la consejera ha recordado el déficit de recursos con el que se encontraron hace dos años, con apenas centros de titularidad pública para atender a las personas mayores y con discapacidad y “una administración anclada aún en el siglo XX”. “Y teníamos claro que las personas deben acceder cuanto antes a un derecho que les pertenece, de ahí la necesidad de impulsar medidas como la Ventanilla Única Electrónica para la dependencia, aprobada la semana pasada en el Parlamento, y que permitirá reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación de solicitudes, así como mejorar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en este recurso”, ha destacado.

Para la responsable de Igualdad, “la pandemia nos ha dejado más claro que nuestra apuesta por la gestión de la dependencia iba en el camino correcto: un modelo de proximidad que da prioridad a los cuidados a domicilio o en su entorno más cercano”, ha detallado. “Está claro que lo que había no funcionaba, y que había que apostar por nuevas fórmulas”, ha destacado, señalando que la vía planteada por su departamento “se centra en la persona, de tal forma que sean los recursos los que se adapten a las necesidades de los andaluces y andaluzas y no al revés”.

“Los resultados ya han empezado a notarse, y somos ya la segunda comunidad mejor valorada en gestión por el Observatorio de la Dependencia, con la mejor nota de los últimos cinco años”, ha reseñado Ruiz, “unos resultados que no obstante serían aún mejores si se cumpliesen los acuerdos del Pacto de Estado por la dependencia y contásemos con una financiación justa y equilibrada que blinde los sistemas de dependencia en igualdad de condiciones para todos los españoles”.

En este sentido, Ruiz ha subrayado el compromiso de su departamento garantizar la oferta de recursos públicos y la calidad de los mismos. Así, además de aumentar las plazas de atención residencial, con la creación en apenas dos años de más de 1.500 plazas residenciales frente a las 263 creadas en la última legislatura, se trabaja ya en una red de centros especializados en alzheimer y otras demencias, así como en la red de centros de cuidados intermedios. “Hay una serie de dolencias sobrevenidas que si no se tratan en los primeros seis meses, es muy difícil después y provocan un agravamiento de la dependencia, por lo que la puesta en marcha de este recurso pionero, que viene de la mano de la investigación y la ciencia, permite salvar vidas”.

“Siempre he dicho que a nuestros mayores les debemos todo, los derechos y libertades de las que gozamos, tener una educación y un proyecto de vida, y por eso tenemos el compromiso y la obligación de cuidarlos y atenderlos pero como personas activas que tienen mucho que dar, muchas experiencias que aportar y mucho por vivir”, ha justificado la consejera.

En este sentido, ha planteado que el enfoque de esa atención debe ir por “facilitar una participación activa en nuestra sociedad, que vivan dignamente y que elijan como quieren vivir, y procurárselo con la responsabilidad y el compromiso de aportarles todo lo que necesitan”. “Se lo debemos y es nuestro compromiso”.

Proyectos de vida frente al riesgo de exclusión

Ruiz se ha referido además en su intervención al aumento de las desigualdades sociales y la aparición de nuevos perfiles de personas en riesgo de exclusión que han visto agravada su situación a causa de la pandemia. La consejera ha apostado por reducir los procedimientos administrativos para que los servicios sociales “se puedan centrar en las personas, que es lo que verdaderamente importa”, y ha destacado que precisamente la simplificación de trámites ha permitido que la Renta Mínima de Inserción Social alcanzara en 2020 su máximo nivel de ejecución presupuestaria, tras ampliar su dotación a 143 millones con los que atender nuevas solicitudes y paliar situaciones de urgencia y emergencia social.

Asimismo, ha resaltado los buenos resultados de medidas como la Tarjeta Monedero, “dotada con 22,5 millones de euros que permitieron llenar la cesta de la compra a más de 24.000 familias en situación de desprotección, muchas de las cuales acudían por vez primera a nosotros en busca de ayuda para poder subsistir.

En este punto, Ruiz ha defendido un modelo que pasa “no por políticas asistencialistas, sino por sostener a las personas para que logren su autonomía y tengan un proyecto de futuro, rompiendo la cadena de transmisión de pobreza”. Así, se ha referido a iniciativas como el nuevo ingreso por la infancia y la inclusión, enfocada a personas vulnerables y con menores de edad a cargo que se hayan quedado fuera de la prestación estatal. Se trata, ha recordado, de “un ingreso vinculado a un proyecto de vida y que conlleva itinerarios de inserción socio-educativos y medidas transversales que favorecen a la incorporación del mercado laboral de los miembros de la unidad familiar”.

“En suma, se trata de aplicar más recursos, una buena normativa y tener voluntad, así como una buena financiación”, ha resumido Ruiz, quien ha enfatizado además la importancia del diálogo con el sector. “Hay que ir de la mano de ellos, escuchar a los beneficiarios, a los trabajadores, a los prestadores del servicio, esa es la manera de llevar a cabo unas buenas políticas sociales que, por fin, están en la primera linea de la gestión”.