Operaciones de gestión de residuos

La Ley 7/2022 establece un orden estricto de cinco pasos para la gestión de cualquier residuo. Los gestores y productores están obligados legalmente a priorizar las opciones más altas de la lista, ya que son las que generan un menor impacto ambiental:

1. Prevención (La mejor opción): Es el destino menos deseable y se reserva para residuos que ya no pueden ser aprovechados. Incluye operaciones como el depósito en vertedero o la incineración sin recuperación de energía.
2. Preparación para la Reutilización: Implica preparar productos desechados (reparar, limpiar, comprobar) para que puedan ser usados de nuevo con su mismo fin (ej. arreglar un electrodoméstico estropeado).
3. Reciclado: Transformar el residuo en nuevos productos, materiales o sustancias (ej. convertir botellas de plástico en fibra textil).
4. Otra Valorización: Cualquier operación que no sea reciclado pero que sirva a un fin útil. El ejemplo más común es la valorización energética, donde los residuos se queman en instalaciones controladas para generar calor o electricidad. Otro posible tipo de valorización dentro de este apartado es el uso de residuos en aplicaciones restauración de espacios degradados, incluyendo la mejora ecológica de los suelos, y operaciones de acondicionamiento y relleno.
5. Eliminación (Último recurso): Es el destino menos deseable y se reserva para residuos que ya no pueden ser aprovechados. Incluye operaciones como el depósito en vertedero o la incineración sin recuperación de energía.

Para que la jerarquía funcione de manera eficiente y justa, la gestión se rige por tres principios básicos:

1. Costes de la gestión. Principio "Quien Contamina Paga" (Polluter Pays Principle)

• Concepto:  Este principio fundamental establece que los costes de gestión de los residuos deben ser asumidos por quien los produce o por quien introduce los productos que los generan en el mercado.
• Aplicación: Es la base de las tasas de basura municipales y, más importante aún, del sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Bajo la RAP, los fabricantes e importadores de productos (como neumáticos, pilas o envases) están legalmente obligados a financiar y organizar la recogida y el tratamiento de los residuos que generen sus productos.
• Objetivo: Internalizar el coste ambiental para que la sociedad no cargue con él.

2. Principio de Autosuficiencia y Proximidad

• Concepto: Se centra en la logística y la autosuficiencia territorial.
  • Autosuficiencia: Cada territorio (Comunidad Autónoma o Estado miembro de la UE) debe disponer de una red suficiente de instalaciones de tratamiento final (valorización y eliminación) para gestionar sus propios residuos. Esto evita depender excesivamente de otros territorios.
  • Proximidad: Implica que los residuos deben gestionarse en la instalación autorizada más cercana al lugar donde se generan.
• Objetivo: Reducir al mínimo el transporte de residuos a larga distancia, disminuyendo la contaminación asociada al transporte y los riesgos de accidentes en carretera. La Ley 7/2022 promueve la proximidad como un criterio clave en la planificación de la gestión.

3. Acceso a la Información, Justicia y Participación

Este principio, recogido en el Artículo 10 de la Ley 7/2022, garantiza los derechos de la ciudadanía en línea con el Convenio de Aarhus (del cual España es parte). Su objetivo es asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en materia de residuos.

• Acceso a la Información: Las Administraciones Públicas están obligadas a facilitar a los ciudadanos, de forma gratuita, el acceso a la información ambiental que posean sobre residuos, como los planes y programas de gestión, las autorizaciones concedidas a las instalaciones de tratamiento (vertederos, incineradoras), y los datos sobre la producción y gestión de residuos en el territorio.
• Participación: Se debe permitir la participación pública activa en la elaboración de los planes y programas de gestión de residuos. Esto asegura que la planificación de nuevas infraestructuras o cambios en la gestión cuenten con la opinión de los afectados y de la sociedad civil.
• Acceso a la Justicia: Se garantiza el derecho de los ciudadanos a interponer recursos ante los tribunales si consideran que se han vulnerado sus derechos o si la Administración no cumple con sus obligaciones ambientales en materia de residuos (por ejemplo, en la concesión de licencias o en el control de vertidos ilegales).

Este principio asegura que la gestión de residuos no es un proceso cerrado, sino que está abierto al escrutinio público, siendo un pilar fundamental de la gobernanza ambiental.

1.- Objetivos de reducción

• Reducir la generación total de residuos respecto a los niveles actuales.
• Limitar el desperdicio alimentario en un 50% para 2030.
• Fomentar productos más duraderos, reparables y reciclables.
• Reducir los residuos de plásticos de un solo uso (Ley 7/2022 y RD 1055/2022).
• Promover la reutilización de envases en los sectores de hostelería y alimentación.

2.- Objetivos de preparación para la reutilización

• Impulsar centros de reparación y reutilización.
• Establecer cuotas mínimas de reutilización de envases (por ejemplo, botellas reutilizables).
• Favorecer la donación y redistribución de productos aún aptos para el uso.
• Fomentar sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) donde sea viable.

3.- Objetivos de reciclado y valorización

• Alcanzar, como mínimo:
  • 55% del peso de residuos municipales reciclados para 2025.
  • 60% para 2030 y 65% para 2035.
• Reciclado mínimo del 65% de los envases para 2025 y 70% para 2030.
• Fomentar la valorización energética solo cuando no sea posible reciclar.

4.- Objetivos transversales

• Implantar un modelo de economía circular basado en el aprovechamiento de recursos.
• Promover la responsabilidad ampliada del productor (RAP) para que los fabricantes asuman el coste y gestión de sus productos al final de su vida útil.
• Mejorar la trazabilidad y control de los flujos de residuos.
• Reforzar la educación ambiental y la colaboración ciudadana.