El desperdicio alimentario (o food waste) es una prioridad específica de la prevención, reconocida en la Ley 7/2022 como un problema ambiental, ético y económico.
Obligaciones según la Ley 7/2022 (y futura legislación específica):
Aunque el desarrollo detallado se espera de una ley específica de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, la Ley 7/2022 ya establece obligaciones claras para los principales actores:
- Jerarquía de Prioridad: todos los agentes de la cadena alimentaria (producción, distribución, restauración y consumo) deben seguir una jerarquía para la gestión de excedentes, priorizando:
- Donación de alimentos y otros usos sociales.
- Transformación de alimentos no vendidos para su uso como subproductos (ej. piensos o cosmética).
- Valorización material (ej. compostaje o biodigestión para biorresiduos).
- Eliminación (solo como última opción).
- Donación: se establecen obligaciones para que la distribución y la restauración gestionen sus excedentes fomentando la donación de alimentos aptos para el consumo humano, estableciendo convenios con entidades sociales.
- Prácticas de Venta: fomentar prácticas que reduzcan el desperdicio, como la venta de productos con la fecha de consumo preferente cercana a precios reducidos.
- Medición y Control: los grandes agentes (distribución y restauración) deben llevar un registro de sus excedentes y desperdicio para su control por parte de las administraciones.
La Prevención, por tanto, va desde el diseño del producto (ecodiseño) y la eficiencia industrial, hasta la responsabilidad social y ética en el uso de los alimentos.