18 von Januar von 2022 - (Noticias, Agua, Biodiversidad, Clima, Educación Ambiental, Geodiversidad, Residuos, Suelo, Atmósfera, Incendios Forestales, Energía Renovable, Contaminación, Medio forestal)
El texto, convalidado por el Parlamento el 22 de diciembre, modifica la Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético
Entre los nuevos tipos de proyectos de absorción se incluiría el carbono azul de las praderas de fanerógamas marinas y marismas de marea
El 22 de diciembre el Parlamento de Andalucía convalidó el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía. Esta nueva norma recoge una serie de avances que modifican la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético de Andalucía. El principal objetivo de esta modificación es mejorar la regulación legal del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) y de sus Registros, así como aclarar el articulado referido a la obligación de la inclusión de la huella de carbono en la contratación pública.
En lo que respecta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS), el texto incluye 128 modificaciones en la legislación ambiental. En el apartado de cambio climático, la nueva norma posibilita el acceso a proyectos de compensación de entidades no emisoras y habilita el traspaso de UDAs (Absorciones generadas calculadas en unidades de absorción), abriendo la puerta de un mercado de compensación.
Asimismo, el decreto da un paso más en el desarrollo del SACE, con el objetivo de establecer un Catálogo Andaluz de Proyectos de Compensación en terreno público. Este catálogo recogerá ubicaciones y tipos de proyectos para acometer en terreno público, poniendo especialmente el foco en la restauración y conservación de hábitats de especial valor medioambiental en la región. Desde la administración andaluza, se busca la innovación en la tipología de este tipo de actuaciones, abordando el estudio para la inclusión de nuevos tipos de proyectos de absorción (gestión forestal sostenible, cultivos leñosos, dehesa mediterránea), incluyendo el carbono azul de praderas de fanerógamas marinas y marismas de marea.
En la misma línea, el texto normativo busca acompasar el desarrollo del SAER a la normativa estatal, para evitar desventajas o pérdida de competitividad del tejido empresarial andaluz.
Con respecto al resto de medidas que recoge el nuevo decreto ley relacionada con la Consejería de Desarrollo Sostenile, se hace hincapié en la GICA (Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), concretamente en su anexo para adecuar los niveles de protección de Andalucía a los del Estado. Además, se reducen los plazos y tiempo, eliminando la burocracia que no aportaba protección ambiental.
Esta nueva norma permitirá también que proyectos sometidos a Declaración de Impacto Ambiental no precisen Autorización Ambiental Unificada, lo que permitirá eliminar duplicidades y reducir el tiempo de tramitación sin menoscabo de protección ambiental alguna. Por otro lado, se amplía el plazo de garantía de la Autorización Ambiental Unificada, cuya caducidad pasa a 5 años, una reivindicación histórica del sector empresarial en la comunidad autónoma.
330 medidas para la simplificación administrativa
El Pleno del Parlamento de Andalucía convalidó el 22 de diciembre el Decreto ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía. El texto incorpora 330 medidas agrupadas en actuaciones de simplificación administrativa, medidas de mejora de la regulación o derogaciones normativas. Las medidas afectan a 33 materias y suponen la modificación de 80 normas entre leyes, decretos leyes, decretos u órdenes, incluyendo diversas derogaciones normativas.
El decreto aprobado es el tercer decreto de simplificación normativa en lo que va de legislatura, junto a los aprobados en marzo de 2020 y en febrero de 2021. Entre los tres suman 400 medidas de simplificación y mejora de la regulación, además de un centenar de normas agilizadas.