Es un sistema de resolución de conflictos en el que la voluntad de las partes intervinientes se somete a la voluntad de un tercero neutral, llamado árbitro. Las partes prestan su consentimiento expreso en someterse al pronunciamiento del árbitro para solucionar un conflicto, y tienen la obligación de finalizarlo, no pudiendo desistir del mismo.
Mediante el arbitraje se sustituye la tutela del juez ordinario por la del árbitro, desde el momento en que este último es elegido, para emitir e imponer la decisión final llamada laudo arbitral, equivalente a todos los efectos a una sentencia firme y con carácter vinculante para las partes.
El arbitraje impide que el litigio generado pueda plantearse ante el juez como consecuencia de la sumisión previa de las partes al arbitraje. Así, el juez de instancia al que se le presente una demanda sobre un conflicto sometido a arbitraje procederá a decretar su inadmisión a trámite, se abstendrá de dictar sentencia y remitirá a las partes al arbitraje pactado.
El arbitraje se encuentra regulado en España por la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje), reformada mediante la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, que resuelve las deficiencias de la anterior Ley de 1988 y armoniza el régimen jurídico del arbitraje favoreciendo la difusión de su práctica y dotando a los agentes económicos de una mayor certidumbre sobre el contenido del régimen jurídico del arbitraje en España.
Existen entidades compuestas por equipos de profesionales multidisciplinares con experiencia en el marco jurídico arbitral aplicado a diferentes ámbitos de la jurisdicción civil que se hacen llamar “Tribunal de Arbitraje”, que se encargan de prestar servicios en el ámbito de los conflictos mediante el arbitraje o cualquier otra institución similar como la conciliación.