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Junta acuerda con la mayoría de los sindicatos de Justicia las bases para la implantación de la nueva oficina judicial y fiscal

La Consejería de Justicia e Interior pacta con CSIF, USO y STAJ su desarrollo garantizando los derechos de los funcionarios y sus condiciones laborales

Andalucía, 26/11/2014

La Consejería de Justicia e Interior y la mayoría de las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la Administración de Justicia en Andalucía han alcanzado  un acuerdo que recoge los principios inspiradores para la próxima implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal, un proyecto clave para mejorar el funcionamiento de este servicio público en la comunidad.

El departamento que dirige Emilio de Llera ha pactado así los aspectos esenciales para el desarrollo de ese nuevo modelo organizativo con los sindicatos CSIF, USO y STAJ, que aglutinan cerca del 70% de la representatividad de los más de 7.000 funcionarios de la Administración de Justicia de Andalucía. Este acuerdo va a ser estudiado también por parte de CC.OO., que ha anunciado que lo someterá a consulta entre sus afiliados, mientras que UGT –sindicato minoritario en sector de Justicia- ha decidido no secundarlo.

El acuerdo alcanzado garantiza todos los derechos de los funcionarios judiciales en materia retributiva y de derechos laborales, además de suponer importantes mejoras para la prestación del servicio público de Justicia y para las condiciones laborales de estos trabajadores. Así, se establece que la futura aprobación de las relaciones de puestos de trabajo para la puesta en marcha de este proyecto no supondrá una disminución del número total de plazas existentes en las plantillas de cada uno de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Asimismo, con el desarrollo de esta nueva organización en los juzgados y fiscalías no se producirá ninguna merma retributiva, según el acuerdo, que establece además la posibilidad de crear una serie de puestos que dispondrán de un complemento salarial por su especial responsabilidad en el desarrollo de determinadas funciones.

La Consejería ha destacado la implicación y el compromiso de estas organizaciones sindicales para el impulso de este proyecto clave para la mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en la comunidad, ya que este nuevo modelo supondrá conferir mayor agilidad y eficacia a este servicio público esencial para la ciudadanía.  El acuerdo se ha alcanzado en el seno de las reuniones de las mesas técnica y sectorial celebradas ayer en la sede de la Consejería con la asistencia de los representantes de todos los sindicatos y los responsables de Justicia e Interior.

Implantación progresiva y flexible

La nueva oficina judicial y fiscal, cuyo decreto fue aprobado por el Gobierno andaluz a principios de año, se implantará de forma flexible y progresiva y se adaptará a la realidad judicial andaluza, configurada por un gran número de partidos judiciales, así como a las peculiaridades específicas de cada uno de ellos.  

La Consejería ha destacado la interlocución y el diálogo permanente que ha mantenido con todos los sindicatos para abordar este proyecto, con diversas reuniones de las mesas técnicas y de los grupos de trabajo en los que se ha debatido sobre este nuevo modelo y que ha culminado con este acuerdo para su impulso definitivo.

 La Oficina Judicial comenzará a implantarse como experiencia piloto en los juzgados de Vélez Málaga y El Ejido (Almería), mientras que la Oficina Fiscal se desarrollará por primera vez en Sevilla. Estas sedes han sido seleccionadas al resultar sus instalaciones idóneas para su implantación, ya que sólo requieren de unos trabajos de adecuación y mejora de sus sistemas informáticos.

Esta nueva organización judicial, cuyo decreto fue aprobado el pasado mes de enero por el Gobierno andaluz, permitirá conferir mayor celeridad a este servicio público contribuyendo a la reducción en sus tiempos de respuesta. La estructura prevista permitirá mejorar y modernizar la Administración de Justicia en Andalucía, al sustituir la configuración vigente hasta ahora –juez, secretario y personal adscrito a un solo órgano– por un modelo más eficiente de medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo y en la especialización de los funcionarios.
 

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