Control de actos y acuerdos de Entidades Locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que las Corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común.

Las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas estarán facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, en su aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la autonómica, para recabar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes. Así mismo, la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas pueden solicitar ampliación de la información.

Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad Local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo señalado para la interposición del recurso de tal naturaleza señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, contado desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce dentro del plazo señalado para ello.

La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece la facultad de requerir a las Entidades Locales de la provincia para que anulen los actos y acuerdos que infrinjan el ordenamiento jurídico y, en su caso, promover su impugnación. 

El Decreto 41/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la remisión de actos y acuerdos de las Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía, establece que cuando, en materia de su competencia, una Delegación Provincial considere que un determinado acto o acuerdo de una Entidad Local andaluza se encuentra dentro de los supuestos contemplados en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, podrá promover su impugnación.

La Ley 5/2010, de 11 de junio, indica que la Junta de Andalucía podrá someter a control jurisdiccional los actos y disposiciones de las Entidades Locales cuando se considere que vulneran el ordenamiento jurídico, menoscaben sus competencias, interfieran su ejercicio o excedan las mismas.

Por consiguiente, cuando se reciban denuncias referidas a que algún acto o disposición local pudiera infringir el ordenamiento jurídico, las Delegaciones Territoriales realizarán cuantos estudios y gestiones sean necesarias para comprobar su ajuste o no a la legalidad, procediéndose en este último caso de la forma o formas previstas en la normativa descrita.