El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado hoy que la Consejería se ha marcado como objetivos en esta legislatura reducir el gasto en arrendamientos en sedes judiciales en un 15% y rebajar el número de estas en un 20% para acabar con la dispersión actual. Unas actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de un mapa judicial de infraestructuras que se detallará por provincia para poder planificar las acciones necesarias en cada una de ellas.
Así lo ha explicado hoy en comisión parlamentaria Juan Marín, quien ha destacado que la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas ha llevado a cabo un diagnóstico de las sedes judiciales andaluzas en el que se ha detectado tres grandes problemas: el uso del arrendamiento, la dispersión y el estado deficiente de las mismas. “La gestión de las infraestructuras judiciales ha sido deficiente y ha llevado a nuestra comunidad autónoma a una situación que denuncian a todos los sectores y profesionales de la Justicia”, ha dicho el vicepresidente.
Marín ha detallado que el 40,13% de las sedes judiciales están en régimen de alquiler, lo que implica que cada año la Consejería abone más de 25 millones de euros en este concepto. Además, ha destacado que en los últimos 10 años el gasto destinado al arrendamiento se ha incrementado casi un 18%. Por este, motivo el vicepresidente ha explicado que el objetivo de su Consejería es reducir en la presente legislatura en un 15% el gasto en este apartado. Esto permitiría invertir en nuevas sedes en propiedad, que vendrían a aumentar el patrimonio de la Junta.
En cuanto a la dispersión de las sedes, Marín ha señalado que desde la Consejería se está trabajando “en el mejor diseño del mapa judicial para solventar la dispersión allí donde es posible”. Por este motivo, ha asegurado que ha encargado a la Dirección General de Infraestructuras “la realización de una hoja de ruta en el diseño del mapa judicial para que el mismo se realice de forma solvente”.
Por último, sobre el estado actual de los diferentes inmuebles ha señalado que de las 152 sedes judiciales, el 56% (85 de ellas) se encuentran en un buen estado y sus instalaciones no precisan de ninguna intervención más allá de las tareas habituales de conservación y mantenimiento. El 30%, en cambio, necesita alguna actuación menor; mientras que en 22 edificios es preciso llevar a cabo una actuación mayor o una solución alternativa para resolver las deficiencias que presentan.
Asimismo, Marín ha aseverado que en el diseño de las infraestructuras judiciales se contará con los profesionales del sector. “La eficacia judicial, la racionalización de los recursos, el papel cero, la evaluación de las sedes judiciales para conocer sus deficiencias son aspectos importantes que esta Consejería tiene como ejes fundamentales”, ha concluido.
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