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La Oficina contra el fraude “pretende facilitar la denuncia” de la corrupción para “devolver la confianza en las instituciones”

Las secretarias generales de Regeneración y Justicia de la Junta presentan el Proyecto de Ley a la Fiscal Superior de Andalucía y al Fiscal Jefe de Granada

Andalucía, 06/05/2021

La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez , junto a la secretaria general para la Justicia, María José Torres , y el delegado territorial de Regeneración en Granada, Enrique Barchino, han presentado hoy a la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el Fiscal Jefe provincial de Granada, Pedro Jiménez La Fuente, el Proyecto de Ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, que prevé la creación de la Oficina contra el fraude y que la Cámara andaluza está tramitando por vía de urgencia para tratar de aprobarla antes de verano. El texto ya superó el debate a la totalidad sin que ninguno de los grupos parlamentarios presentara enmiendas totales para tumbarlo y se encuentra actualmente en el proceso de estudio de las enmiendas parciales hechas por los grupos al articulado.

Tanto la secretaria general de Regeneración como su homóloga de Justicia han calificado de “muy fructífera” la reunión celebrada con la Fiscal Superior de Andalucía y el Fiscal Jefe provincial. Torres ha destacado la “buena acogida” que han mostrado a una norma que viene a dotar a Andalucía de una herramienta “para acabar con la imagen de una Andalucía asociada a la corrupción que durante años ha acaparado portadas y para devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones”.

Para la responsable de Justicia, “el ciudadano necesita leyes como ésta, hay que recuperar la confianza en las instituciones y todos podemos sumar para ello”.

Por su parte, la secretaria general de Regeneración ha explicado que el objetivo de esta norma impulsada desde la Consejería que dirige Juan Marín no es otro que “controlar los usos que se han hecho de la Administración y los abusos de poder” mediante la creación de un organismo independiente de control como es la Oficina contra el fraude la corrupción, adscrita al Parlamento.

La secretaria general de Regeneración ha explicado que esta Oficina tendrá como funciones “prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas que durante años tanto daño han hecho a la imagen de Andalucía”.

“Estará adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Gobierno de turno y será dirigida por una persona de reconocido prestigio y experiencia, elegida por la Cámara por una mayoría cualificada y con un mandato de cinco años improrrogable”, ha explicado Gómez. Su personal estará formado por funcionarios de carrera que tendrán la consideración de autoridad pública.

“Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones, como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas”, ha detallado. Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales, sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.

Gómez ha destacado que la Oficina contra el fraude” pretende facilitar la denuncia, ofreciendo una protección al denunciante que es determinante para que se sientan libres de cualquier represalia”. De hecho, una de las sanciones es más altas es coaccionar a la persona que denuncia y la ley también contempla el asesoramiento jurídico y psicológico porque “llegan destrozados cuando deciden denunciar estos casos”.

Conscientes del papel que juegan los funcionarios y empleados públicos para destapar malas prácticas en la Administración pública ya que “son los primeros que ven pasar casos de corrupción, el texto contempla una protección especial para ellos ofreciéndoles la posibilidad de un traslado a un puesto del mismo nivel que no suponga pérdida de salario ni derechos”.

Modifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos

El texto incluye una modificación de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos para “impedir que sean titulares o autorizados de cuentas en paraísos fiscales y legislar algo que este Gobierno ya está aplicando de facto como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza. La Oficina asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno, lo que supone un plus más de garantía al encargar el control del Ejecutivo en esta materia a un órgano independiente”.

Por su parte, el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Enrique Barchino, ha defendido que “la apuesta de este Ejecutivo andaluz con la regeneración y la transparencia es firme. De hecho, en el reciente acuerdo de garantía de estabilidad suscrito por las dos formaciones que componen el Gobierno, Cs y PP, se incluye el compromiso -y cito textualmente- para la profundización en la regeneración democrática y la política de reformas, tras décadas de mala gestión y corrupción de los gobiernos socialistas en Andalucía”.

Ha recordado que, además de esta ley, desde la Consejería que lidera Juan Marín ya están en marcha otros instrumentos como las directrices regulan el sistema de selección y evaluación de las personas que ocupan cargos directivos en las entidades instrumentales o la Ley de Evaluación de Políticas Públicas. Asimismo, el fin de los aforamientos o la limitación de mandatos.

La previsión es que el Proyecto de Ley definitivo, con las aportaciones de los grupos vía enmienda -y las realizadas durante su comparecencia en Comisión parlamentaria por sindicatos, empresarios, el TSJA o la Fiscalía Anticorrupción-, llegue al Pleno del Parlamento en junio o julio y tanto la secretaria general de Regeneración como la de Justicia confiaron en que cuente con un amplio respaldo porque “nadie pone en duda la necesidad de la creación de una Oficina contra el fraude”; ha defendido Gómez.

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