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Deslindes del Dominio Público Hidraúlico

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En la delimitación del Dominio Público Hidráulico interviene una variada rango de normas europeas, estatales y autonómicas referentes al agua, pero además también normas relacionadas con la ordenación del territorio y protección civil entre otras.

La delimitación física de una zona respecto de las colindantes se realiza mediante el procedimiento administrativo denominado deslinde, en el que se fijan con precisión los linderos de la misma.

De conformidad con el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, corresponde a la Administración del Estado el apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico, que serán efectuados por los organismos de cuenca. En el caso de las cuencas intracomunitarias andaluzas, la competencia recae en la Secretaría General de Agua de la Consejería de Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico.

El procedimiento de actuación administrativa aparece definido en los artículos 240 a 242 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

El procedimiento de deslinde se puede iniciar de oficio por la Administración o a instancia de particulares interesados. En este caso, es necesario que el peticionario acepte previamente el presupuesto de gastos y deposite una cantidad a cuenta.

La Ley de Aguas de Andalucía establece en su Disposición Transitoria primera la posibilidad de que cuando el deslinde del dominio público hidráulico no esté terminado o no exista, la administración hidráulica realizará una delimitación técnica de la línea de deslinde a partir de los datos de que disponga. Los planes de ordenación del territorio y de urbanismo deberán tener en cuenta esa delimitación técnica en lo que afecte al dominio público hidráulico y a las zonas de servidumbre y policía.

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