Decreto 334/2012, de 17 de julio,
por el que se regulan las entidades
colaboradoras en materia de
Calidad Ambiental
Debido a cambios normativos y a la diversidad de
tareas que la Consejería competente en materia de
medio ambiente puede encargar a las entidades
colaboradoras, era necesario desarrollar
reglamentariamente en esta materia la
Ley/2007, de 9
de julio,
de gestión integrada de la calidad ambiental.
Para ello, el contenido del Reglamento persigue la
actualización de los requisitos que debe cumplir una
entidad para ser considerada e inscrita como entidad
colaboradora, concretar las actividades que podrán
ser realizadas por dichas entidades, fijar garantías
para el desempeño de sus funciones, dotar de un
nuevo régimen jurídico al registro administrativo
especial y desarrollar el control de inspección que ha
de efectuarse sobre las entidades.
Por otra parte, para facilitar el acceso a los datos de las
entidades colaboradoras de cualquier persona física o
jurídica, se crea el Registro de Entidades Colaboradoras
en materia de Calidad Ambiental en Andalucía.
Así mismo, el Decreto regula la tramitación de
inscripciones, la comunicación de actuaciones,
los resultados alcanzados en las mismas, y las
modificaciones en los datos del Registro. Todo
ello mediante la utilización de medios
informáticos y telemáticos, a fin de facilitar el
intercambio de comunicaciones entre la Consejería
competente en materia de medio ambiente y las
entidades colaboradoras.
2
Provincia
Cádiz
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total
Subvención (
€
)
116.433,27
39.627,91
113.727,86
511,83
8.210,02
278.510,89
Beneficiarios
4
2
3
1
1
11
Fuente:
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2013.
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La integración ambiental en el tejido productivo
El tejido productivo andaluz ha ejercido una influencia deter-
minante en el patrimonio natural y cultural de Andalucía. Los
sectores económicos han asumido, en líneas generales, crite-
rios y pautas de integración ambiental adoptando mejoras
tecnológicas y fórmulas de gestión que exigen un gran esfuerzo
tecnológico y económico.
El impacto significativo que estos procesos de integración han
supuesto en las economías regionales se ha dejado sentir, es-
pecialmente, en pequeñas y medianas empresas de Andalucía,
que han debido adaptarse a un entorno competitivo más exi-
gente, en términos de eficiencia productiva y de innovación
(profesionalidad, información, tecnologías ambientales y co-
merciales, etc.) y, en los últimos años, en términos financieros.
Frente a esta situación, la disminución significativa en la capa-
cidad de inversión de las empresas en innovación tecnológica
y protección ambiental (reducción de emisiones a la atmósfera,
gestión de las aguas residuales y gestión de residuos, entre
otros) puede suponer un hándicap determinante.
Para fomentar la adaptación ambiental en las empresas, du-
rante el período 2010-2013, se promulgó la Orden de 17 de
septiembre de 2010, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas a las inversiones en
infraestructuras e instalaciones destinadas a la protección del
medio ambiente en las empresas.
Las acciones y objetivos de dicha orden se circunscriben al ám-
bito de aquellas iniciativas que supongan ir más allá del
cumplimiento de la normativa ambiental y hacer frente al es-
fuerzo económico necesario para asumir los costes en
protección ambiental, sin mermar la competitividad. Las ac-
ciones de esta Orden son cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y van dirigidas a microempresas,
pequeñas y medianas empresas (en general, aquéllas que tie-
nen niveles de ocupación, volumen de negocios anual o
balance general anual por debajo de 250 personas, 50 millones
de euros o 43 millones de euros, respectivamente).
