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La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado de que la Junta ha asumido la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de FP matriculado en ciclos sostenidos con fondos públicos. De esta manera, tanto al alumnado como a los propios centros y a las empresas se les libera de carga burocrática que suponga la cotización de las prácticas no remuneradas. Esta medida también incluye al alumnado de Artes Plásticas y Diseño y Artísticas Superiores.

Con esta decisión Patricia del Pozo quiere mandar un mensaje de tranquilidad tanto a los centros docentes que imparten ciclos sostenidos con fondos públicos como a las empresas que colaboran en el aprendizaje de estos estudiantes. Esta iniciativa evita riesgos en la titulación de los estudiantes, ya que son prácticas curriculares obligatorias, tras la imposición del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Para la consejera, esta iniciativa del Ministerio en los términos y en el momento en que está planteada, a mitad de curso, es un “despropósito para un sistema educativo que está viendo nacer una nueva ley sin que tengamos los reglamentos de desarrollo, en plena adaptación de las Comunidades a una normativa nacional a la que le faltan instrumentos que debe elaborar el Ministerio, incumpliendo el calendario previsto. Lo imponen cuando además estamos pasando toda la FP a la modalidad de Dual y reclamando la necesaria colaboración de los empresarios.

En todo caso, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ya ha puesto la primera piedra para que esto no afecte al sistema y ha añadido que “tengan claro que vamos a seguir reclamando al Gobierno que asuma su compromiso de asumir la cotización en años venideros y de que vamos a seguir peleando por facilitar las prácticas tanto a alumnos como a empresas”, ha dicho.

Patricia del Pozo ha recordado que en la última reunión de la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 13 de diciembre el Ministerio rechazó la petición de 14 Comunidades Autónomas de paralizar el alta en la Seguridad Social de todo el alumnado en prácticas tanto de la FP como universitarios a partir del 1 de enero, hasta que se establezca un sistema viable y garantista que evite los riesgos sobre la titulación de los estudiantes.


 


 


 


 


 


 

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