La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha comparecido a petición propia en el Parlamento, como se comprometió el pasado verano, para informar de la conclusión del procedimiento de información reservada instruido en la Delegación Territorial de Sevilla sobre la cobertura de un puesto docente, en el Polígono Sur de Sevilla.

De la Calle ha explicado que “la administración pública cuenta con mecanismos suficientes para restablecer los posibles errores o incumplimientos detectados en el normal desarrollo de su actividad; éste es el caso del régimen disciplinario, que permite determinar las responsabilidades ante la falta de observancia de los procedimientos por los empleados públicos, y esto es lo que hemos hecho”.

De esta forma, y sobre la base de la información obtenida por el instructor, la consejera ha detallado las actuaciones y medidas adoptadas ante la Comisión de Educación del Parlamento. En primer lugar, se han iniciado sendos expedientes disciplinarios a los dos funcionarios que indica la información reservada.

Asimismo, y conforme a las propuestas del instructor y ante la lógica pérdida de confianza, la delegada de Educación ha procedido al cese de dos de sus jefes de servicio  (Gestión de Recursos Humanos y Ordenación Educativa), puestos que son de libre designación y, por tanto, de libre remoción.

Adelaida de la Calle ha informado igualmente de que se ha dictado la Instrucción 14/2016, de 19 de octubre, por la que se dictan las pautas de actuación para todas la Delegaciones Territoriales de Educación sobre la provisión de puestos de trabajo específicos.

Principios de igualdad, mérito y capacidad
Además de la obligatoriedad de la provisión conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, la instrucción recoge especificaciones para aquellos puestos habilitados por convenios o acuerdos de colaboración cuya ocupación habrá de hacerse por convocatoria pública y con requisitos y méritos valorables y evaluables. Estos deberán
quedar recogidos y avalados por las comisiones de seguimiento de los mismos.

También se establece un seguimiento de los mencionados puestos, y su registro a través  del sistema integrado de gestión de los Recursos Humanos. 

La titular de Educación ha indicado que se trata de una serie de pautas “tendentes a corregir cualquier vacío que haya permitido la adopción de medidas erróneas, y a establecer medidas correctoras para que no vuelva a ocurrir incidencias de este tipo”.

Una vez concluya la instrucción de los dos expedientes disciplinarios, De la Calle ha  añadido que hará público los resultados y se adoptarán las decisiones que dirimirán cualquier tipo de responsabilidad existente, “pero hasta entonces debe prevalecer la objetividad, la legalidad y la garantías jurídicas para todo el personal inmerso en el procedimiento”.

En este sentido, la consejera ha explicado que durante la instrucción de los expedientes se informará a las personas interesadas, que podrán formular alegaciones y que tendrán derecho al trámite de audiencia y vista del expediente de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.

Adelaida de la Calle ha subrayado que es “la primera interesada en despejar cualquier duda que pueda haber en relación a la provisión de éste y de cualquier puesto que afecte a la Consejería y sobre los que haya la más mínima duda, y si las hay se actuará con diligencia, tal y como lo hemos hecho, para con indicios razonados, y no con conjeturas, averiguar lo que ha ocurrido y actuar en consecuencia”.

La consejera ha concluido que “somos servidores públicos, y cumplir con los procedimientos, con el ordenamiento jurídico y velar por el interés general deben ser para nosotros máximas incuestionables”.